Las naciones pequeñas, incluidas aquellas pertenecientes al Caribe, están justificadamente preocupadas por los continuos esfuerzos realizados por los Estados miembros de la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OCDE) para invalidar toda iniciativa que toman en el sector de servicios financieros.
En efecto, es justo afirmar que OCDE se ha vuelto un acrónimo intimidante y detestable tal como lo fue el FMI en las décadas de los 70s y los 80s.
Bajo la aparente intención de impedir el financiamiento del terrorismo y el lavado de dinero, la OCDE ha extendido su alcance hasta las naciones soberanas, sofocando sus derechos y obstaculizando sus esfuerzos, tanto en el área financiera como bancaria.
Al aprovecharse de estas naciones pequeñas, la OCDE ha impuesto su voluntad efectivamente en la totalidad de las mismas, a tal punto que cuando los gobiernos ceden a las exigencias de esta organización o a las exigencias de la Comisión de la Unión Europea (cuyos miembros constituyen la mayoría de la membrecía de la OCDE), los representantes de dichos gobiernos lo consideran como una victoria.
La OECD se ha vuelto un acrónimo intimidante, de la misma manera que el FMI en las décadas de los 70´y 80´.
Más de un gobierno caribeño ha anunciado como una suerte de virtud su adhesión a las demandas de la OCDE o de la Comisión de la UE, mientras que, en realidad, como resultado de dicha adhesión, se suprimen todos los incentivos de las corporaciones empresariales internacionales, causando que éstas se clausuren, privando así a estas pequeñas jurisdicciones de su principal fuente de ingresos.
Ha habido (y desgraciadamente aún hay) una carencia de solidaridad entre todos los países afectados. No existe ningún esfuerzo por mancomunar sus conocimientos y experiencias intelectuales para crear una posición sólida de negociación que pudieran adoptar conjuntamente frente a la OCDE. Incluso en el foro global de la OCDE (el cual es dominado por los países pertenecientes a dicha organización con la participación nominal de las naciones pequeñas), no hay ningún afán de parte de las jurisdicciones pequeñas de desarrollar una posición única ni de adoptar una estrategia de negociación unificada.
Actualmente, la OCDE tiene como objetivos los programas «residenciales» y de «ciudadanía por inversión (CIPs, por sus siglas en inglés)» en el Caribe y en otras partes.
Esta nueva embestida afectará a la mitad de los Estados miembros de la Comunidad Caribeña (CARICOM). Antigua y Barbuda, Dominicana, Grenada, St. Kitts y Nevis, y St. Lucía, operan con CIPs; mientras las Bahamas y Barbados tienen programas de residencia por inversión (RPI).
El 19 de febrero, la OCDE publicó un «documento de consulta» sobre la prevención del abuso de los esquemas de residencia por inversión para eludir la declaración de bienes financieros de sus ciudadanos.
A pesar del hecho de que miles de personas se subscriben a estos programas por razones legítimas, el argumento de la OCDE radica en que los mencionados programas podrían crear oportunidades para los evasores de impuestos.
No hay ningún afán de parte de las jurisdicciones pequeñas de desarrollar una posición única ni de adoptar una estrategia de negociación unificada.
La OCDE actualmente está recopilando información pública con el fin de obtener evidencias de la malversación de los esquemas de CBI/RBI, y para crear maneras efectivas de prevenir tales abusos. La OCDE obtendrá testimonio sistematizado de organizaciones que se dedican a la alta tributación. La escena ya está establecida con el concepto de que los programas CBI/RBI son susceptibles a la evasión fiscal y otras formas de crímenes financieros, y en consecuencia la OCDE requerirá que las jurisdicciones interrumpan dichos programas, o de lo contrario enfrenten las «contra medidas» correspondientes.
Está escrito en el discurso de la OCDE, que usualmente los términos significan lo contrario a lo establecido por el uso común. En efecto, el discurso argumenta que los programas de RBI/CBI son de elevado riesgo en los siguientes casos: el esquema no impone (o bien tiene requerimientos limitados en relación a) la presencia física en la jurisdicción, o directamente no se corrobora lo mencionado; el esquema es ofrecido por jurisdicciones de bajos impuestos o sin estos, por jurisdicciones con exenciones a los ingresos de fuentes extranjeras; o bien jurisdicciones con un régimen tributario especial para individuos extranjeros que hayan obtenido la residencia a través de tales esquemas.
La OCDE hoy en día está recolectando un listado de esquemas de alto riesgo como lo consideran más pertinente. Al culminar el ejercicio, las jurisdicciones caribeñas estarán obligadas a ser incluidas en la lista.
A pesar del hecho de que miles de personas se subscriben a estos programas por razones legítimas, el argumento de la OCDE radica en que los mencionados programas podrían crear oportunidades para los evasores de impuestos.
Entonces, ¿qué debe hacerse? Debe recordarse que la mayoría de las naciones del CARICOM (y ciertamente aquellas que tienen programas CBI/RBI) tienen acuerdos de intercambio de información fiscal con muchos, sino con todos los países de la OCED; estos también poseen tratados de asistencia legal mutua y muchos de ellos están suscritos al estándar común de reporte (CRS, por sus siglas en inglés), los cuales obligan a estos a reportar sus activos financieros extranjeros.
La OCDE ahora considera que a pesar de estos acuerdos, los programas CBI/RBI pueden ser usados para evadir el pago de impuestos debido a sus países miembros.
Las jurisdicciones caribeñas, las cuales incluyen a las Islas Caimán, deberían asociarse con países como Portugal, Italia, Malta, El Reino Unido y Chipre (todos pertenecientes a la U.E.), los cuales también han implementado programas CBI/RBI, para formar una causa común en la negociación con la OCDE (de la cual el Reino Unido también es miembro).
Los países caribeños también deberían preparar una respuesta robusta conjunta para la OCDE y comprometerse con la organización en un alto nivel tanto político como técnico.
La respuesta debe incluir todas las medidas preventivas que razonablemente puedan esperarse, incluyendo una investigación rigurosa y exhaustiva de toda aquella persona que fuera aprobada por los programas CBI/RBI; mecanismos para corroborar que tales personas no estén evadiendo deberes fiscales en los países de la OCDE; resistirse a la noción injusta de que la prevención de impuestos es un crimen conmensurable a la evasión de los mismos; e insistiendo a las naciones de la OCDE que no se hayan adscrito a las CRS, que lo hagan como un prerrequisito para cualquier acción consiguiente en el Caribe.
Si no existe tal respuesta robusta y conjunta que detenga al gigante OCDE, los programas de CBI/RBI caribeños serán eliminados en los próximos tres años, hundiendo así otra iniciativa por parte de las naciones pequeñas para sobrevivir económicamente.
Poner la otra mejilla no es una opción para las economías caribeñas
Asimismo, si estos programas causan alarma entre los países miembros de la OCDE, entonces estos últimos deben traer a negociación maquinarias significativas y tangibles a través de las cuales se pueda ayudar a las jurisdicciones pequeñas a vencer la pérdida de ganancias, de empleos, y a compensar el impacto económico que resultará de la erradicación de sus programas CBI/RBI.
Poner la otra mejilla no es una opción para las economías caribeñas, ni tampoco lo es diferir el problema para una fecha posterior, en la cual puede que sea demasiado tarde.
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