Podríamos definir el concepto «treaty shopping» como la obtención de beneficios aprovechando ciertos acuerdos fiscales internacionales. Esta expresión se usa de manera generalizada en la economía global en el contexto de los acuerdos de doble imposición (CDI). La paradoja de tales acuerdos es que permiten a los empresarios de terceros países reducir fácilmente la carga fiscal sobre sus activos. Para combatir el lavado de dinero y los beneficios ilegales del CDI, la OCDE ha desarrollado el proyecto «BEPS», cuyo objetivo es combatir la planificación fiscal agresiva.

Analizando el «treaty shopping»

La introducción del mencionado concepto en la economía global, en particular en los tratados de doble imposición, forma parte del intento de eludir la repetición de cargas tributarias a los inversores extranjeros de los países firmantes del acuerdo, así como evitar la evasión fiscal. Según los planes gubernamentales, estos acuerdos debían procurar beneficios a los residentes de las jurisdicciones que firmaran el CDI.

A pesar de su supuesta pureza y noble fin, el resultado del CDI en algunos casos ha tenido un efecto contrario. En muchos lugares se empezaron a constituir procesos fraudulentos, cuya esencia es la participación de terceros países que permanecen fuera del marco del acuerdo. En dichos estados, se crean compañías intermediarias para la transferencia de inversiones a aquellas jurisdicciones que reciben beneficios del CDI, lo que permite disfrutar de todas las ventajas que estas brindan a sus residentes:

  • Tasa impositiva reducida de acuerdo al contrato;
  • Tasa cero en el país del destinatario;
  • Impuesto bajo o cero en el país de residencia de la persona que percibe los ingresos.

Este concepto de «shopping de acuerdos fiscales» es relevante también en lo que concierne a los préstamos extranjeros: una empresa ubicada en una jurisdicción de impuestos altos puede crear una persona jurídica en un centro offshore que procure buenas condiciones en sus impuestos al préstamo, lo que contribuye a la evasión de impuestos y al lavado de dinero rentable y rápido. Un claro ejemplo de ello son los 70 mil millones de dólares rusos limpiados de este modo en Moldavia.

Grindelwald - Suiza

Los tratados de doble imposición, forma parte del intento de eludir la repetición de cargas tributarias a los inversores extranjeros de los países firmantes del acuerdo, así como evitar la evasión fiscal.

La imposibilidad de negarse a firmar

Después de que las zonas offshore se convirtieran en lugares donde abundaban compañías ficticias y dedicadas al lavado de dinero, las autoridades de muchos estados comenzaron a pensar en la necesidad o no de enfrentarse a ello en el marco de los acuerdos para evitar la doble imposición. Por un lado, resulta beneficioso obtener ganancias de un residente extranjero que hace negocios en territorio nacional. Por otro lado, existe el riesgo de perder los impuestos de los empresarios locales, así como de convertirse en una base de operaciones que terceros países puedan utilizar con habilidad.

Es precisamente por esta razón por la que muchas naciones eluden los acuerdos fiscales y, en caso de hacerlo, buscan el conjunto de herramientas más rentable para proteger a sus bancos y el entorno offshore ante estafadores de terceros países. Un ejemplo de esta defensa es el acuerdo entre China e India, adoptado en 1994 y firmado con enmiendas adicionales en Nueva Delhi el 26 de noviembre de 2018. El tratado ha entrado en vigor de manera relativamente reciente (5 de julio de 2019) y prevé la aplicación de beneficios fiscales únicamente a los residentes del territorio donde se lleva a cabo la actividad comercial, lo que cierra las puertas a organizaciones temporales, intermediarios y otros sistemas de hacer negocios que no cuentan con una oficina central, activos y una estadía considerable en el territorio.

Contra el treaty shopping

La lucha contra este fenómeno, en particular cuando atañe a los tratados de doble imposición, se ha convertido en el objetivo principal de las potencias mundiales en los últimos años. Como resultado, la OCDE creó la Convención Multilateral BEPS, que fue ratificada por numerosos países.

El objetivo principal de la convención es imponer restricciones a los incentivos fiscales y combatir el abuso del CDI. El texto del documento está diseñado de tal manera que los estados pueden aplicar independientemente un conjunto de artículos en su jurisdicción. Debe entenderse que la adopción de artículos por una de las partes no es suficiente para el desarrollo completo del BEPS. Un requisito previo es el consentimiento del socio, que puede diferir en diferentes territorios. Por ejemplo, el acuerdo entre la República de China y la India difiere del CDI entre China e Italia en términos, condiciones y puntos aceptados por ambas partes.

En resumen, los acuerdos para eludir la doble imposición resultan conveniente para los empresarios; sin embargo, pueden ser aprovechados para transgredir las reglas económicas internacionales y perjudicar la economía de los estados. Hoy en día, muchos estamentos jurídicos de la UE están investigando numerosos casos en los que la evidencia de un esquema fraudulento, traería como consecuencia un gran castigo económico para la empresa, como ocurrió en el caso del banco alemán USB.

Para no convertirse en un rehén de esta situación, cabe diversificar los activos y conservar el capital obtenido, eligiendo bancos y jurisdicciones extranjeras fiables que proporcionen buenas condiciones fiscales.

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