La tecnología financiera, generalmente conocida como fintech, se refiere al conjunto de técnicas innovadoras diseñadas para mejorar enormemente las actividades financieras. Esta industria emergente está compitiendo con los métodos financieros tradicionales en la prestación de servicios de este tipo. Hoy, Mundo Offshore proporcionará una visión integral de la legislación mexicana sobre tecnología financiera y consideraciones relacionadas con los impuestos.
Dado que los servicios financieros digitales continúan desarrollándose, es absolutamente necesario que los reguladores financieros de todo el mundo comiencen a pensar en introducir nuevos reglamentos que se mantengan a la par de las tendencias crecientes y los modelos comerciales avanzados. México se ha convertido en la primera nación en América Latina, así como en una de las primeras en todo el mundo, en administrar servicios digitales financieros particularmente, desde el 9 de marzo de 2018, mediante la creación de la Ley de Instituciones de Tecnología Financiera (Ley Fintech) y sus regulaciones secundarias.
Dinero electrónico y crowdfunding
La Ley Fintech regula las empresas de crowdfunding y de dinero electrónico (entidades fintech), así como las operaciones de criptomonedas. Por lo tanto, además de proporcionar pautas para ofrecer una protección más efectiva para las personas involucradas y obligar a las organizaciones a proporcionar datos claros sobre sus transacciones y riesgos potenciales, esta legislación también establece que las entidades fintech deben solicitar la aprobación del Banco Central de México para utilizar criptomonedas.
El 28 de marzo de 2019, el banco central emitió una regulación secundaria que limita seriamente el uso de las criptomonedas por parte de las entidades fintech. Dicha institución establece que las criptomonedas solo se pueden usar para operaciones internas, a fin de evitar transmitir riesgos a sus clientes. A pesar de que esto excede el alcance de la Ley Fintech, las entidades de esta naturaleza probablemente podrán solucionarlo legalmente o asumir el planteamiento como un reto.
Entornos de prueba y API
La Ley Fintech proporciona una regulación no solo sobre las interfaces de programación de aplicaciones diseñadas para compartir e intercambiar datos financieros públicos y privados, sino que también permite a las entidades privadas operar servicios financieros altamente avanzados en un entorno monitoreado, mientras mitiga el riesgo de mayores disrupciones al sistema financiero.
La Ley Fintech regula las empresas de crowdfunding y de dinero electrónico (entidades fintech), así como las operaciones de criptomonedas.
¿Qué sucede con los impuestos?
A pesar de la creación de la Ley Fintech, la legislación mexicana sobre impuestos no se modificó en absoluto; por lo tanto, los contribuyentes en el sector fintech se ven obligados a cumplir con las reglas impositivas tradicionales, lo que tiene un impacto masivo en las operaciones del sector, así como en las personas involucradas. Por ejemplo, la mayor parte de los ingresos de las empresas de crowdfunding y de dinero electrónico se derivan de las tarifas de transacción impuestas a sus clientes y, en esas transacciones, se aplica la ley tradicional de impuestos intermedios. Si bien la Ley Fintech regula las organizaciones de crowdfunding y de dinero electrónico como parte del sistema financiero mexicano, éstas no cumplen con las disposiciones fiscales particulares que rigen el sistema financiero, tales como aquellas que suprimen las obligaciones.
Como resultado de la ausencia de legislación tributaria en el área fintech, los aspectos legales están en declive. Además, existe una sensación general de evitar impuestos, especialmente porque no se establecen disposiciones específicas sobre cómo se deben emitir las facturas en este tipo de operaciones. Además de evocar esa sensación, esta situación también podría impedir que el sector fintech realice la deducción correspondiente a efectos del impuesto sobre la renta y el IVA.
Además, en cuanto a las operaciones de intercambio de criptomonedas, de conformidad con la ley del IVA vigente, ambas partes pagan el impuesto debido a la disposición mutua de activos digitales, lo cual es un efecto perjudicial derivado de aplicar las disposiciones fiscales tradicionales a estos nuevos modelos de negocio.
Es muy posible que, en un futuro no muy lejano, las autoridades financieras mexicanas puedan implementar regulaciones, según las cuales las entidades fintech tendrán que actuar como tenedores intermedios de ingresos e IVA gravados sobre sus clientes, lo que podría aumentar los costos de transacción.
Adicionalmente, es sumamente necesario que se promulgue una legislación tributaria particular sobre criptomonedas para relacionar su tratamiento fiscal con el marco fiscal vigente y, por lo tanto, minimizar las distorsiones derivadas de la aplicación de normativas anticuadas a un fenómeno avanzado.
Conclusión
En resumen, se puede argumentar que la Ley Fintech parece ser un desarrollo legal absolutamente positivo y eficaz, ya que regula las actividades de alto riesgo históricamente no controladas en el sistema financiero, lo que fomenta la confianza de los participantes en dicho mercado.
No obstante, el gobierno mexicano puede estar regulando en exceso un mercado ya inquebrantable. Se puede afirmar que es poco probable que muchas entidades fintech existentes cumplan con todos los deberes impuestos por la Ley Fintech y sus reglamentos secundarios, debido a los altos gastos administrativos que esto generaría. Además, se puede fomentar la innovación para disminuir los límites impuestos al uso de las criptomonedas.
Por el «bienestar de la recaudación tributaria», el gobierno mexicano tendrá que promulgar una nueva legislación que regule la industria de tecnología financiera, de manera que la adhesión a las normas y métodos impositivos anticuados será inútil.
¿El gobierno mexicano realmente limitará el negocio de las criptomonedas en este país? Tendremos que esperar y ver qué sucederá.
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