Según la opinión de los expertos, como consecuencia de las transformaciones en las cargas tributarias internacionales y las nuevas normas de sustancia económica, algunos programas de ciudadanía por inversión caribeños y europeos recibirán ventajas nunca vistas e impensadas.
Algunas jurisdicciones, especialmente aquellas en el Caribe como Antigua y Barbuda, Santa Lucía y San Cristóbal y Nieves, tienen áreas offshore o servicios financieros globales activos. Sin embargo, la industria de la gestión de la protección de activos, del patrimonio, y la planificación fiscal utiliza estructuras fiduciarias, corporativas, y de otro tipo en jurisdicciones de baja carga impositiva; y esta industria, junto con la industria de los pasaportes por inversión, han existido paralelamente y en ámbitos completamente distintos desde hace décadas.
No existen programas de ciudadanía en Anguila, las Islas Caimán y las Islas Turcas y Caicos; sin embargo, al igual que Chipre y Malta (dos de las jurisdicciones más importantes de IFC y CIP en Europa) estas jurisdicciones no sólo poseen programas de residencia sino que también son centros internacionales de servicios financieros.
La UE junto con el G20 motivaron las recientes transformaciones a las normas fiscales globales. Esta nueva legislación fiscal fue promulgada por medio del proyecto BEPS (Erosión de la Base Imponible y Traslado de Beneficios) de la OCDE.
Debido a la iniciativa generada por la sustancia económica en la jurisdicción donde se encuentran empresas que llevan a cabo actividades específicas, todas las jurisdicciones y los proveedores de servicios tienen la posibilidad de operar conjuntamente en las dos industrias a fin de ofrecer a los clientes un manejo de patrimonio y asistencia de planificación de ciudadanía de una manera más holística. Han finalizado aquellos años en los que, en jurisdicciones de baja carga impositiva, los individuos de alto patrimonio neto utilizaban estructuras fantasmas sin actividad económica real a fin de disminuir legalmente el número de obligaciones tributarias o directamente evadirlas.
Aunque ya existían dos organizaciones, FATCA y CRS, contra la evasión tributaria, actualmente se han implementado controles más exhaustivos. Como consecuencia de la nueva normativa que exige a las empresas que hagan uso efectivo de las estructuras establecidas en jurisdicciones con baja carga impositiva, para actividades específicas, es cada vez más complejo establecer estructuras de disminucion de impuesto que se sigan manteniéndose dentro del marco legal y en cumplimiento de todas las normativas vigentes. Se exige que haya sustancia económica dentro de las jurisdicciones.
En la actualidad estas normas se encuentran vigentes principalmente en Anguila, en los demás territorios británicos de ultramar y en las dependencias de la Corona del Reino Unido, pero no lo están aún en las jurisdicciones del Caribe que tienen programas de ciudadanía por inversión. No obstante, la UE podría exigir, en un futuro cercano, a estas pequeñas naciones insulares implementar normas de este estilo, bajo la amenaza de, en caso de negarse, colocarlas en alguna lista negra o someterlas a sanciones.
Según la opinión de los expertos, como consecuencia de las transformaciones en las cargas tributarias internacionales y las nuevas normas de sustancia económica, algunos programas de ciudadanía por inversión caribeños y europeos recibirán ventajas nunca vistas e impensadas.
Aunque, actualmente, sólo las actividades de significancia como la banca, seguros, gestión de fondos, financiamiento y arrendamiento, transporte de mercancías, negocios de propiedad intelectual, negocios de centros de distribución y servicios, oficinas centrales y entidades tipo holding empresariales se deben regir por las nuevas normas de sustancia económica, se estima que en el futuro toda la industria, sin importar la actividad que se desarrolle, estará obligada a aplicar esta nueva normativa de sustancia económica.
El test de sustancia económica que deben realizar estas empresas consiste en verificar que exista actividad administrativa, amplio conocimiento y participación de profesionales capacitados para ejecutar las actividades que llevan a cabo, y además que estén físicamente presentes dentro de las jurisdicciones de domicilio. Asimismo, poseer activos físicos es otro de los requisitos que deben cumplir las compañías. Estos activos físicos pueden ser arrendados, alquilados o propios, y deben estar localizados en un espacio corporativo dentro del área donde se desarrollen tanto las actividades generales como aquellas principales generadoras de ingresos.
Consecuentemente, a fin de poder hacer uso legal de estructuras en jurisdicciones de bajos carga tributaria, los individuos de alto patrimonio neto están obligados a permanecer cierto tiempo en tales jurisdicciones, llevar a cabo sus actividades desde un punto de vista operativo y administrativo allí, tener suficientes activos y empleados en la localidad, y realizar las principales operaciones generadoras de ingresos en estas jurisdicciones.
¿Podría dejar pasar por alto la fantástica oportunidad de beneficiarse de estas estructuras de baja carga tributaria y obtener una ciudadanía? La empresa va a poder permanecer el tiempo suficiente para poder ser operada y administrada allí, realizar negocios y, así, obtener las ventajas de los bajos impuestos que ofrecen estas jurisdicciones. Como se puede observar, la estrategia consiste en obtener los beneficios de una jurisdicción de baja carga tributaria y que además tenga un programa de ciudadanía por inversión, lo que le va a permitir a individuos de alto patrimonio neto resolver dos aspectos con un único esfuerzo: establecer su estructura en estas jurisdicciones, obtener un pasaporte y así cumplir con los requisitos de sustancia económica.
A modo de conclusión, las jurisdicciones ya mencionadas que se encuentran ubicadas en el Caribe y en Europa brindan una maravillosa fusión de beneficios entre el sector CIP y la provisión de servicios financieros globales, debido a que poseen tasas tributarias bajas o nulas que rigen sobre la renta personal, corporativa, así como sobre otro tipo de ingresos y revalorización del capital. A fin de que las naciones que poseen programas de ciudadanía puedan aprovechar al máximo estos beneficios en el sistema fiscal global, es relevante que el gobierno y los proveedores de servicios en las localidades sean conscientes de su existencia.
Hoy en día, los proveedores de servicios de ciudadanía por inversión y las compañías offshore corporativas/fiduciarias tiene la necesidad imperiosa de profundizar sus conocimientos sobre las áreas de aplicación de los otros grupos de interés y trabajar conjuntamente con éstos. Además, el asesor fiscal/patrimonial debe entender de una manera más integral y exhaustiva las necesidades del individuo y no solo estar atento a promocionar un fideicomiso o una compañía en una jurisdicción determinada solo por una cuestión de hábito.
Los abogados migratorios también deben tener en cuenta las características fiscales de las jurisdicciones donde el cliente desea residir y la ciudadanía que dicho cliente desea obtener, y por lo tanto, su asesoría no debe depender en lo absoluto de su familiaridad con un programa determinado o del domicilio de las oficinas de su empleador.
Se espera que estos dos sectores (planeamiento patrimonial y ciudadanía por inversión) se fusionen para así garantizar una solución integral y de alta calidad para los clientes.
