Por Lazaro J. Mur, Esq.
Un fideicomiso de protección de activos es cualquier tipo de fondo que permite el mantenimiento del capital sobre una base discrecional. Esta clase de estructuras se crean en un intento de prevenir o mitigar posibles consecuencias para el beneficiario, detonadas por situaciones de divorcio, insolvencia o altas tasas de tributación.
Esta figura de protección deslinda el goce benéfico de los activos del fideicomiso de su titularidad legal. Quienes gozan de estos bienes son los beneficiarios efectivos de los intereses equitativos en los activos del fideicomiso, sin embargo, estas personas no poseen la titularidad legal de los mismos. De esta forma, este tipo de fideicomiso satisface el objetivo concerniente a la planificación de la protección de activos, es decir, logra aislar dichos bienes de las reclamaciones de los acreedores, sin incurrir en su encubrimiento o en la evasión fiscal. La capacidad de los acreedores para propiciar una sentencia contra los intereses del beneficiario está limitada a tales intereses en el fideicomiso. En consecuencia, el fin común de esta figura de protección de activos es limitar los intereses del beneficiario de forma tal que se impida a los acreedores valerse de los activos del fideicomiso.
Un fideicomiso de protección de activos es cualquier tipo de fondo que permite el mantenimiento del capital sobre una base discrecional.
Estos fideicomisos deben ser irrevocables, ya que de lo contrario, no brindarían la deseada protección de activos pues el fideicomitente posee cierto grado de poder para la anulación de los mismos, tal como ocurre con las estructuras revocables. Muchos de estos fideicomisos contienen una cláusula sobre la dilapidación que previene al beneficiario de enajenar sus intereses proyectados en favor del acreedor. Esta cláusula presenta tres excepciones generales a la protección conferida: los fideicomisos auto establecidos (si el fideicomitente es también el beneficiario del fideicomiso), el caso de que un deudor sea el único beneficiario y a la vez el único fideicomitente y, por último, las manutenciones (un tribunal puede ordenar al fideicomitente que cumpla con las obligaciones de manutención del beneficiario contraídas con un antiguo cónyuge o con un menor de edad). La primera excepción general, la cual es implementada por la mayoría de los fideicomisos de protección de activos, ya no se aplica en varias jurisdicciones. Las leyes de varias de estas, incluyendo Alaska, Bermudas y las islas Caimán, permiten que los fideicomisos auto establecidos proporcionen a sus fideicomitentes la protección de la cláusula sobre la dilapidación.
Generalmente, las leyes de los fideicomisos del mundo offshore están basadas en las de sus homólogos en el ámbito onshore. Para aquellas jurisdicciones que actualmente se encuentran bajo la potestad del Reino Unido, o que pertenecieron a este, el punto de referencia es comúnmente la Ley del Fideicomisario de 1925. De allí que cada jurisdicción se ha enfocado en el diseño y evolución de una legislación, en el afán de desarrollar un entorno más atractivo que mantenga estándares aceptables, que preserve los conceptos de un fideicomiso y que sea llamativo para los potenciales usuarios. Muchas de estas jurisdicciones comparten características similares.
Usualmente, la mayoría de estas estructuras de fideicomisos son utilizadas por emprendedores globales para mantener inversiones pasivas en EE.UU. Sin embargo, se debe tener precaución cuando se mantienen bajo estas estructuras emprendimientos comerciales en riesgo, ya que se podría anular el principal objetivo de proteger los activos de futuros acreedores potenciales.
