REFORMA FISCAL DEL PACTO POR MÉXICO
El pacto por México es un acuerdo logrado por el gobierno mexicano con los demás partidos políticos en diciembre de 2012, para regir el desarrollo durante los próximos seis (6) años, en el que se comprometen a “impulsar reformas legislativas y acciones políticas que amplíen la libertad y la gama de derechos exigibles y efectivos para todos los mexicanos”. El pacto por México contiene 95 compromisos que abarcan desde salud, educación, migración, telecomunicaciones, reforma energética, fiscal, ambiental, política y administrativa.
El pacto por México lo definen como una tarea común que sólo se alcanzará promoviendo y respetando las leyes justas que armonicen la convivencia, donde la autoridad debe mostrarse actuando como gestor legítimo del bien común. Una vía de concertación política y social para lograr los acuerdos de reformas planteados. Lo preside un Consejo Rector, cuyo presidente será cambiado mensualmente entre los dirigentes de los partidos políticos signantes del pacto por México.
En febrero 2013 fue promulgada la reforma al artículo tercero constitucional que se refiere a la educación, siendo considerada la reforma constitucional en materia educativa, como el primer logro visible del pacto por México. Para el mes de Marzo fue presentada la iniciativa de la reforma en materia de telecomunicaciones y competencia económica, con nueve (9) compromisos a ser aprobados. Ya en el mes de Mayo se presentó la iniciativa de reforma financiera, con la que se pretende mejorar la eficacia del sistema bancario.
En síntesis de los 95 acuerdos del pacto por México, para fines de agosto pasado, se habían cumplido 17, 74 estaban en marcha, significando que todo va viento en popa, sólo que faltan los compromisos más conflictivos: fiscal, político y energético. El académico Jorge J. Romero sostuvo: “Esto va a ser todavía más complicado y la negociación va a ser mucho más difícil cuando se empiecen a discutir los términos de la llamada reforma energética.”
HA LLEGADO EL MOMENTO DE LA VERDAD
El pasado domingo 08, el presidente mexicano Enrique Peña Nieto, presentó la propuesta para la reforma fiscal (reforma “hacendaria” expresan en México, para referir que se trata de la Hacienda Pública) aduciendo: ”El objetivo es que todos los contribuyentes, sin excepciones ni ventajas para nadie, aportemos al país en la medida de nuestras posibilidades”, donde propone gravar las ganancias de la bolsa mexicana de valores (BMV), eliminar los regímenes especiales, ampliar los artículos a gravar por el impuesto al valor agregado (IVA) y colocar una tasa general del 16% en todo el país, con lo que se afecta la zona fronteriza que en la actualidad sólo está gravado con el 11% .
Dentro de la expansión a la base impositiva del IVA se incluyen: la educación privada (colegiatura), el transporte privado, los espectáculos públicos, compras y alquileres de viviendas, como además las bebidas azucaradas. El compromiso final es que las recaudaciones se destinarán a programas sociales y productivos, principalmente a crear un seguro de desempleo y una pensión universal. Sujetos a una mejor rendición de cuentas y mayor transparencia y no al aumento del gasto burocrático. Es la primera de las reformas polémicas faltantes y…
ESTE HA SIDO EL DETONANTE
Las protestas son generales, desde los actores económicos involucrados hasta líderes de oposición pertenecientes a los partidos que han firmado el pacto por México. Las desarrolladoras de casa refieren que el sector de la construcción está deprimido y que algunos desarrolladores cotizan en bolsa, por lo que sería un doble golpe impositivo, que “desincentiva una industria generadora de empleos”.
Algunos analistas señalan que el PAN (Partido Acción Nacional) y el PRD (Partido de Revolución Democrática) que son compromisarios del pacto por México, únicamente lo han utilizado para demostrar que tienen sometido a su capricho al gobierno, amenazando con retirarse del pacto por México, ante cualquier negativa de sus posiciones. No obstante, han logrado sacar del impuesto a la educación privada (colegiatura) y el tema sigue candente en el congreso.
La recaudación fiscal del gobierno mexicano que no incluye el sector petrolero es de apenas el 10% del PIB (producto interno bruto), considerando que la tercera parte del gasto público es financiado con los ingresos relacionados con la explotación del crudo, significa una alta dependencia de dicho sector y hacia allá está dirigida la próxima reforma.
REFORMA ENERGÉTICA Y POLÍTICA
Serán las reformas faltantes, las cuales dependerán del resultado de la necesaria reforma fiscal, ya que México,perteneciente a la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) está muy por debajo del promedio de los demás miembros e incluso casi 5% menos que la media en América Latina.
En tanto sigue la discusión y la búsqueda de consenso, no sabemos si necesiten del Chapulín Colorado y que finalmente exclamen: “no contaban con mi astucia” o gritar a todo pulmón como es su costumbre: “¡Viva México c…Señores!”
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