La Unión Europea estableció una nueva ley de Registro de Beneficiarios Reales para las corporaciones, sin embargo los países de la EU no pudieron ponerse de acuerdo en cuanto a la relación de esta nueva ley para con los fideicomisos.
La implementación de dicha ley fue llevada a cabo con el fin de combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, y representa un decisivo paso en el camino de la “transparencia” fiscal. A partir de la implementación de la misma los países de la UE deberán generar un Registro de Beneficiarios Reales, a partir del cual los gobiernos de los países miembros de la UE tendrán acceso a la información de los beneficiarios reales de compañías privadas.
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Uno de los miembros de Global Witness mencionó que el acuerdo de la UE sobre la divulgación de datos, dejará al descubierto a los verdaderos dueños de compañías offshore, quienes podrían posiblemente estar utilizando sistemas corruptos con el objetivo de lavar dinero o financiar el terrorismo. Luego agregó que esta importante victoria en aras de la “transparencia” se logró a pesar de algunas jurisdicciones opositoras como Luxemburgo, Gran Bretaña, Irlanda y Malta.
Los parlamentarios que promueven la tan mentada política de “transparencia”, abogaron por la implementación del Registro de Propiedad Real en la forma más pura, es decir insistieron en que la información recolectada gracias a los Registros se haga pública. Pero en este punto, empero, los parlamentarios no alcanzaron un consenso en cuanto a la divulgación de información, ya que diferentes países miembros de la UE manifestaron distintas opiniones sobre el tema.
Malta, por ejemplo, fue uno de los oponentes más fervientes a las negociaciones de la UE en relación con la adopción de un estándar de intercambio de información de beneficiarios reales. A pesar de esto y gracias a la presión de la UE, Malta se unió a dicho acuerdo, el cual estará vigente a partir de enero de 2018. Pese a las declaraciones de la UE en cuanto a su valioso cometido de combatir el “lavado de dinero” y el financiamiento del terrorismo, los registros de beneficiarios reales no son, como podría esperarse, de público conocimiento en la mayoría de los países miembros de la UE.
Además de los países arriba mencionados que se manifestaron en contra de este acuerdo, podríamos agregar a Alemania, actual líder de la UE. Durante la votación a favor o en contra del acuerdo (18.05.2017), el director de la organización “Financial Transparency Coalition” Porter McConnell declaró que Alemania estaba frenando el progreso hacia la “transparencia” de Europa. Semejante declaración fue hecha debido a que la información revelada gracias al acuerdo no iba a ser de dominio público, sino que solo reportada a las autoridades competentes.
Sin embargo, mientras una decisión unánime se estaba tomando por un lado, surgían otros desacuerdos aún más complicados en cuanto al tratamiento de los fideicomisos familiares. Pese a que los partidarios del acuerdo de “transparencia” alegaron que los fideicomisos representan la estructura financiera más confidencial, los miembros de la UE no pudieron llegar a un acuerdo. En consecuencia, la información de todas aquellas compañías que utilicen los los servicios de un fideicomiso, permanecerá confidencial.
Los oponentes a la divulgación de datos de fideicomisos fueron las mismas jurisdicciones más arriba mencionadas. Malta, por ejemplo, argumentó su posición basándose en el hecho de que la divulgación de los participantes en fideicomisos dañaría la economía del país, ya que las compañías que utilizan dichos servicios traen tras de sí una importante inversión de capital.
Mercado de criptomonedas
Entre el conjunto de acuerdos tomados por los países miembros de la UE, vale la pena mencionar otro convenio en relación al uso de criptomonedas, las cuales son ahora un tema muy popular de conversación. De la misma manera que con el registro de beneficiarios reales, la UE también ha decidido tomar el control del mercado de criptodivisas, con el fin de evitar la evasión impositiva.
La intención de la UE es detener las transacciones anónimas tanto de bitcoin como de otras divisas virtuales, y reorganizar las plataformas de intercambio. Las consecuencias de la aplicación de estas nuevas normas también recaerán sobre tarjetas de pagos como Visa o MasterCard, al ser utilizadas para compras online.
Una vez más, tales normas fueron acordadas y establecidas por la EU en un intento de evitar el uso de las criptomonedas para la ejecución de actos criminales como evasión de impuestos, lavado de dinero o financiamiento del terrorismo. La plataforma de intercambio junto con los proveedores de servicios de pago relacionados con ella, develarán la información de los dueños de e-wallets y/o cuentas personales utilizadas para la transacción.
Por último, el periodo de adaptación a la nueva legislación se estima que durará alrededor de 18 meses.
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