CARICOM finalmente parece darse cuenta de que la UE está dispuesta a destruir el futuro económico de la región bajo el pretexto de la buena gobernanza fiscal y de otros problemas. ¿Por qué se demoraron tanto? (Puede encontrar una versión en inglés de este artículo aquí: https://www.imidaily.com/opinion/rogers-eu-oecds-real-concern-about-cips-is-tax-competition-not-good-governance-part-1/)
El 27 de marzo de 2019, la CARICOM (Comunidad del Caribe) emitió una declaración en respuesta a la publicación de la UE del 12 de marzo de una lista revisada de países que supuestamente no se adhieren a la buena gobernanza fiscal. La lista incluía cinco jurisdicciones, a saber, Barbados, Belice, Dominica, Trinidad y Tobago y Bermudas.
La UE también incluyó a otras siete jurisdicciones en una lista de seguimiento. Estas jurisdicciones se habían comprometido a emprender reformas para diciembre de 2019 y están haciendo esfuerzos en ese sentido. Entre ellos figuran Antigua y Barbuda, las Bahamas, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, Anguila, las Islas Vírgenes Británicas y las Islas Caimán.
Países «soberanos» que no pueden elegir sus propias políticas económicas
A modo de antecedentes, en 2016, el Grupo del Código de Conducta de la UE (Fiscalidad de las empresas) comenzó a revisar 213 jurisdicciones para asegurarse de que cumplían con las normas internacionales en evolución, relacionadas con el proyecto Erosión de la Base Imponible y Traslado de Beneficios (Base-Erosion and Profit Shifting, BEPS por sus siglas en inglés) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Esto fue especialmente con respecto a la situación de la sustancia económica de las empresas domiciliadas dentro de sus límites geográficos.
En diciembre de 2017, los Ministros de Hacienda de los Estados miembros de la UE acordaron una lista de 17 jurisdicciones fiscales «no cooperativas» durante su reunión en Bruselas. Anunciaron este acuerdo en un comunicado de prensa que afirmaba que estas jurisdicciones estaban tan etiquetadas como para «no cumplir con los estándares acordados de buen gobierno fiscal». Al evaluar las jurisdicciones, la UE examinó tres criterios:
- Transparencia: El país debe cumplir las normas internacionales sobre el intercambio automático de información y el intercambio de información previa solicitud. También debería haber ratificado el convenio multilateral de la OCDE o firmado acuerdos bilaterales con todos los Estados miembros para facilitar este intercambio de información. Hasta junio de 2019, la UE sólo exige el cumplimiento de dos de los tres criterios de transparencia. Después de esto, los países tendrán que cumplir con los tres requisitos de transparencia para evitar ser incluidos en la lista.
- Competencia fiscal justa: El país no debería tener regímenes fiscales perjudiciales que vayan en contra de los principios del Código de Conducta de la UE, o del Foro de la OCDE sobre Prácticas Fiscales Perjudiciales. Aquellos que opten por no tener o aplicar un impuesto de sociedades a tipo nulo, deberían asegurarse de que esto no fomente estructuras artificiales offshore sin una actividad económica real.
- Implementación de EBITB (BEPS): El país debe haberse comprometido a aplicar los estándares mínimos de BEPS.
Es interesante observar que la referencia a la competencia fiscal justa recuerda al Informe sobre la Competencia Fiscal Perjudicial de la OCDE de 1998, que inició el proyecto para poner freno a la competencia fiscal mundial. Algunos de nosotros creemos que este fue el punto de partida para un movimiento hacia la armonización global de los impuestos sobre la renta de las personas naturales y de las empresas, para evitar que las empresas y los ciudadanos pasen de jurisdicciones con altos impuestos a otras con impuestos más bajos.
En esta serie de dos partes, examinaré las declaraciones de CARICOM y en consecuencia comentaré, ya que es muy importante reconocer y apoyar las opiniones de nuestros dirigentes regionales y ofrecer ánimos. Sin embargo, también es imperativo ayudar a nuestros líderes políticos y a nuestras directivas a comprender las cuestiones más amplias que constituyen el trasfondo de lo que la UE y la OCDE están haciendo, ya que afectan negativamente a nuestra región. Esto es fundamental para garantizar la aplicación de una estrategia adecuada para proteger nuestros intereses.
La UE también incluyó a otras siete jurisdicciones en una lista de seguimiento. Estas jurisdicciones se habían comprometido a emprender reformas para diciembre de 2019 y están haciendo esfuerzos en ese sentido.
Los postes de la meta se mantendrán en movimiento hasta que su ventaja competitiva haya sido borrada
La declaración de CARICOM señaló que «la descripción proporcionada por el Consejo de la UE para apoyar la inclusión de los Estados en la lista negra es sumamente engañosa y distorsiona la respuesta, de buena fe, de nuestros Miembros desde la inclusión inicial en la lista en diciembre de 2017. Este nuevo ataque contra las prospectivas económicas de nuestros Estados miembros constituye una violación de nuestro derecho soberano de libre determinación en beneficio de los intereses del pueblo de la CARICOM. Además, nos preocupa que la “estrategia de buena gobernanza fiscal” de la UE, esté empezando a rayar en un comportamiento anticompetitivo orientado a diezmar el sector de los servicios financieros y empresariales internacionales en el Caribe».
Por supuesto, la declaración de CARICOM es 100% acertada, pero plantea una cuestión obvia; ¿por qué se plantea esto sólo ahora?
Para cualquier ser sintiente, esta última ronda de listas negras no debería haber sido una sorpresa. Esto se debe a que, como se mencionó anteriormente, desde 1998, liderados por la OCDE, los Estados europeos han estado atacando los servicios financieros y el sector empresarial internacional del Caribe, que ahora incluye a la industria de la CIP (Ciudadanía por Inversión o CIP por sus siglas en inglés).
Adicionalmente, estos ataques están diseñados -en mi opinión- intencionadamente, con el fin de dañar las perspectivas económicas de la región. Infringen el derecho soberano de libre determinación en el mejor interés del pueblo de la CARICOM.
Sin embargo, debo preguntar de nuevo: ¿cómo es que la CARICOM sólo se dio cuenta de esto ahora, cuando ha estado sucediendo durante más de 20 años?
¿Estaban nuestros líderes durmiendo al volante o eran demasiado cobardes para decir lo que era obvio? Supongo que era mejor llegar a esta conclusión tarde que nunca, pero vale la pena señalar que la escritura ha estado en la pared durante mucho tiempo.
La declaración de CARICOM continuó señalando que el Consejo de la UE ha señalado que Barbados «ha reemplazado un régimen fiscal preferencial perjudicial por una medida de efecto similar y no se comprometió a modificarlo o abolirlo para finales de 2019».
Observó, sin embargo, que Barbados emprendió una revisión de su régimen de impuesto de sociedades en 2018 y decidió buscar la convergencia tributaria, que eliminó la supuesta «preferencia» otorgada al sector empresarial internacional. Barbados ahora aplica una tasa impositiva del 1% al 5,5% sobre la renta imponible de todas las sociedades registradas en esa jurisdicción.
La declaración continuaba así: «Esta política ha sido sancionada por la OCDE, como autoridad mundial reconocida en materia de gobernanza fiscal, que ha reiterado que un bajo tipo impositivo no constituye, en sí mismo, un régimen fiscal perjudicial. Por otra parte, Barbados solicitó aclaratorias sobre las áreas de divergencia en los requisitos para una «jurisdicción de baja tributación» según lo establecido por el Foro de la OCDE sobre Prácticas Fiscales Perjudiciales (FHTP por sus siglas en inglés) y el «principio de equidad tributaria» de la UE. La UE, sin embargo, sólo respondió a la petición de Barbados el día después de la publicación de la lista negra revisada».
La UE/OCDE no estará satisfecha hasta que el capital no tenga ningún incentivo para abandonar sus costas
En primer lugar, me sorprende que CARICOM se asombre de que la UE no trate a los Estados miembros como Barbados, con cierto respeto y cortesía. ¿Esperaban algo mejor nuestros líderes? También me sorprende que la declaración dé la impresión de que la UE estaría satisfecha con los bajos tipos impositivos que impone Barbados.
Asimismo, me sorprende la creencia de CARICOM de que se puede confiar en la palabra de la OCDE en cualquier cosa. Además, ¿desde cuándo la OCDE se ha convertido en la autoridad mundial reconocida en materia de gobernanza fiscal? ¿Quién murió y le dio ese derecho a la OCDE, si puedo preguntar?
El mero hecho de que CARICOM parezca haber accedido al reclamo autoproclamado de la OCDE de este estatus, es una señal de debilidad y derrota. En todo caso, sólo un organismo aprobado por las Naciones Unidas (ONU) tendría derecho a tal reclamación. Pero el club de los países ricos -que es lo que es la OCDE- se ha encargado de usurpar los derechos soberanos de los Estados al decidir sus políticas fiscales. Esto se debe a que quiere garantizar que la riqueza fluya y permanezca dentro de los límites de sus Estados miembros en detrimento de las economías nuevas y emergentes.
La declaración de CARICOM continúa lamentando el hecho de que «el caso de Belice y Bermudas representa una clara desviación de la práctica de incluir a las jurisdicciones en la lista gris (Anexo II) con el propósito de monitorear, una vez que hayan asumido compromisos de alto nivel, para abordar las supuestas «deficiencias»». A eso sólo puedo decir, «sorpresa, sorpresa».
A la UE no le importa realmente el protocolo o el procedimiento. El objetivo es garantizar que los Estados soberanos no compitan con sus Estados miembros por inversiones de capital y empresarios que puedan crear riqueza e impulsar las economías del siglo XXI.
Mis amigos de CARICOM añadieron que «el Consejo de la UE ha afirmado que Belice aún no ha enmendado o abolido un régimen tributario preferencial perjudicial», sin tener en cuenta las reformas legislativas, administrativas y fiscales realizadas para el 31 de diciembre de 2018, las cuales fueron sancionadas por la OCDE.
La UE también ha afirmado que Belice ha introducido una «nueva y preferencial medida fiscal» en sus reformas fiscales de 2018. Sin embargo, Belice alega que las tasas de impuesto referenciadas de 1.75% a 3.35% sobre los ingresos imponibles de las Compañías de Negocios Internacionales, y las entidades que operan en las Áreas de Procesamiento Designadas de Belice son consistentes con el régimen tributario histórico de Belice en materia de ingresos y negocios. No obstante, Belice accedió y proporcionó, tal como exigía la UE, un compromiso para enmendar esta denominada «nueva medida fiscal preferencial» para el 31 de diciembre de 2019. A pesar de su compromiso de enmendar o abolir el » recientemente identificado régimen fiscal preferencial perjudicial para finales de 2019 «, que la UE declaró que supervisará, al igual que un compromiso político adicional de alto nivel y con plazos definidos para abordar cualquier otra preocupación de la UE, Belice fue incluido en la lista negra del 12 de marzo”.
Aprender de Neville Chamberlain: La pacificación no funciona
Este comportamiento arrogante de la UE en su tratamiento hacia Belice es típico porque el objetivo, como he dicho, no es la buena gobernanza fiscal. Se trata de la destrucción de la competencia fiscal para que ningún Estado pueda competir con la UE en cuanto a impuestos de sociedades e impuestos sobre la renta, excepto aquellos Estados que, por supuesto, como los Estados Unidos, China, Rusia y otros, a los que la UE no puede amenazar o intimidar.
El tratamiento de Belice demuestra la historia de un hombre y un caimán que, mi amigo el economista estadounidense, el Dr. Dan Mitchell, utiliza a menudo cuando habla de tratar con organizaciones tales como la OCDE y la UE: Si le das de comer a un caimán tu brazo, no estará satisfecho y regresará por el siguiente brazo, luego por una pierna, luego por la siguiente pierna y eventualmente por tu cuerpo. La UE y la OCDE no están satisfechas con el apaciguamiento, que nunca funciona.
En la segunda parte de la serie, examinaré la respuesta de CARICOM frente a las otras jurisdicciones mencionadas en la lista negra de la UE.