En el marco de los BEPS, los estándares desarrollados por la OCDE para contrarrestar la erosión de la base imponible y el traslado de los beneficios, el Foro sobre Prácticas Fiscales Nocivas (FHTP) ha investigado muchas jurisdicciones fiscales y ha identificado algunas de ellas como «perjudiciales» o «potencialmente peligrosas». Los regímenes fiscales de estos territorios, por regla general, poseen dos características principales:
- Existen en ellos barreras que impiden el acceso a estatus impositivos preferenciales a las compañías locales presentes en el mercado. Es decir, los incentivos fiscales se aplican solo a determinados tipos de empresa en las que participan socios extranjeros.
- Las empresas que se benefician de un tratamiento fiscal preferencial no disponen de presencia real y no llevan a cabo actividad económica en estos territorios; todas las actividades de dichas empresas se realizan fuera del régimen fiscal del país de registro, considerándose carentes de presencia real y sustancia económica.
A fin de ajustar la legislación a las normas BEPS, y para no ser consideradas «perjudiciales» ni «potencialmente peligrosas», docenas de jurisdicciones, incluidas las offshore tradicionales, están adaptando y modificando sus leyes, revocando incluso algunas leyes de larga trayectoria.
En estos momentos, se intenta por todos los medios evitar formar parte de la lista negra de países que «no cooperan» con la UE y la OCDE.
Por ejemplo, han sido abolidas determinadas exenciones de impuestos que estaban disponibles únicamente para inversores extranjeros. Nos referimos a la tributación especial de las empresas comerciales internacionales (en adelante, IBC) en ciertos países, a saber, beneficios en torno al impuesto sobre la renta y a los ingresos personales obtenidos por la participación en dichas compañías.
En muchos territorios, estas exenciones tienen relación directa con las siguientes áreas de negocio:
- finanzas y seguros,
- sedes de holdings,
- empresas navieras,
- centros de distribución y servicios para filiales extranjeras o holdings,
- empresas que gestionan derechos de propiedad intelectual. Se deberán mostrar los costes específicos de investigación y desarrollo relacionados con la adquisición e implementación de dichos derechos.
Ejemplos de los últimos cambios en la legislación offshore
En el 2018 la mayoría de territorios offshore cambiaron las leyes y regulaciones. Algunos países que llevaron a cabo dichos cambios fueron las Islas Vírgenes Británicas, Belice, San Vicente y las Granadinas, las Islas Caimán, Nevis, Seychelles, Mauricio, Labuan, Curazao, etc.
A modo de ejemplo, la Asamblea Nacional de Belice adoptó enmiendas a la Ley de Compañías de Negocios Internacionales, la Ley del Impuesto sobre la Renta y los Negocios, y la Ley de Impuestos de Timbre en diciembre del 2018.
Las IBC son registradas ahora tanto por residentes como por no residentes. Además, se puede hacer negocios con residentes en el mercado nacional, poseer tierras y acciones de empresas locales.
De acuerdo a la Ley de Impuestos sobre la Renta y los Negocios, las IBC que operan en Belice están sujetas ahora al impuesto a la renta y al impuesto de timbre, y deben presentar una declaración fiscal anual.
Para obtener el estatus de IBC, las empresas deben contar con presencia en el territorio y obtener el estatus de residencia fiscal, lo que implica que:
- las actividades de la empresa deben llevarse a cabo en Belice (es decir, las reuniones de la empresa deben realizarse en el territorio);
- todos los documentos deben mantenerse en el país;
- dependiendo del sector de actividad, la compañía debe contratar un número suficiente de empleados adecuadamente capacitados y calificados que estén físicamente presentes en Belice para llevar a cabo las actividades generadoras de los principales ingresos de la sociedad;
- los gastos se llevan a cabo en el país (un monto suficiente según la escala del negocio en particular);
- se debe poseer una oficina en régimen de alquiler en Belice (dependiendo del tamaño del negocio);
- las actividades de control y gestión, incluyendo las reuniones de la junta directiva, tienen que hacerse en Belice, ya sea directamente o a través de una agencia administradora.
- la sociedad debe tener al menos dos directivos que sean ciudadanos beliceños.
De acuerdo a la Ley de Impuestos sobre la Renta y los Negocios, las IBC que operan en Belice están sujetas ahora al impuesto a la renta y al impuesto de timbre.
La mayoría de las empresas pueden cumplir con el requisito de presencia física contratando una agencia administradora.
Las empresas que deseen recibir un certificado de exención de impuestos y el estatus de no residente pueden tener que demostrar su actividad económica y presencia real en otro territorio.
Tenga en cuenta que las sociedades con presencia real en Belice pueden estar sujetas a controles de capital de conformidad con la ley «Sobre la Regulación del Control de Divisas». Es decir, se ha introducido prácticamente el control monetario, medida que ni siquiera encontramos en países desarrollados.
Las IBC podrán obtener un número de identificación fiscal (TIN) y se les puede requerir que presenten declaraciones de impuestos anuales y sus estados financieros.
Las IBC con una facturación de más de 6 millones de dólares estadounidenses también deberán presentar sus estados financieros.
Las empresas registradas antes del 16 de octubre del 2017 son elegibles para gozar el beneficio de la exención de impuestos vigente hasta el 30 de junio del 2021. Durante este tiempo, tendrán que cumplir con todos los requisitos anteriores.
Para las IBC registradas desde el 17 de octubre del 2017 hasta el 31 de diciembre del 2018, los requisitos anteriores son de aplicación inmediata y dispondrán de un período de transición de un año (la totalidad de 2019) durante el cual deberán tomar las medidas adecuadas para cumplir con los requisitos.
Cambios muy parecidos se han llevado a cabo en la legislación de las Islas Vírgenes Británicas.
Además, todas las sociedades comerciales en las islas deben proporcionar información anualmente para que la autoridad fiscal pueda evaluar si la empresa lleva a cabo actividades relevantes que confirmen la presencia económica en el país.
El intercambio automático de información se llevará a cabo con las autoridades extranjeras pertinentes si se determina que la organización no cumple con los requisitos de presencia económica, está llevando a cabo determinadas actividades en el campo de los derechos de propiedad intelectual o está optando por la residencia fiscal en otra jurisdicción.
El incumplimiento de los requisitos que marcan estos cambios puede tener como consecuencia una multa desde los 5000 USD hasta los 50 000 USD para compañías con derechos de propiedad intelectual o de 20 000 USD para el resto.
Se pueden aplicar multas adicionales si la compañía continúa incumpliendo los requisitos, desde los 10 000 USD hasta los 400 000 USD para empresas que gestionen propiedad intelectual y hasta los 200 000 USD para el resto.
Aunque se espera que la mayoría de territorios offshore cambien su régimen fiscal local hacia un sistema impositivo más bajo para mantener su atractivo como centros de negocios, todavía se debe esperar un aumento de los requisitos en torno a los informes fiscales y de medidas adicionales que aumenten la transparencia y reduzcan la confidencialidad.
La presencia económica y la residencia fiscal son ahora las propiedades más importantes de cualquier IBC.
Las aseguradoras internacionales, la banca y otros sectores regulados están también abandonando gradualmente los regímenes offshore y fusionándose con los locales.
El intercambio automático de información financiera con fines tributarios entre territorios ya se está convirtiendo en una práctica estándar global.
¿Qué opciones quedan?
A pesar de los prolongados esfuerzos del sistema fiscal global para acabar con las posibilidades de optimización ante la tributación excesiva, existen opciones alternativas para registrar empresas en jurisdicciones que poseen una buena imagen y están aprobadas por la UE y la OCDE para hacer negocios.
No son opciones evidentes a primera vista y, por lo tanto, gozan de poca popularidad, pero son variantes que definitivamente deben ser consideradas y analizadas con nuestra ayuda.
Panamá
A pesar de los Panama Papers y muchos escándalos internacionales, el gobierno de Panamá busca colaborar con la OCDE y la UE.
El 27 de octubre del 2016 se firmó la Convención Internacional entre Panamá y la OCDE, que implicó que las empresas registradas en territorio panameño no son offshore, puesto que el país cumple con los requisitos de la OCDE.
Poco antes, Panamá había establecido sus condiciones para implementar un acuerdo con la OCDE que formó la base de la Convención.
¿Qué implica esto en la práctica? Supone que la presencia real de un negocio aquí debe ser demostrada. No obstante, esto se puede conseguir fácilmente con la ayuda de nuestro servicio de alquiler de oficina en Panamá.
Al mismo tiempo, no hay intercambio automático de datos con la administración tributaria de los miembros de la OCDE. Panamá solo lo llevaría a cabo en caso de existir acuerdos bilaterales, a condición del mantenimiento de la confidencialidad de sus clientes. Lo segundo es casi imposible de llevar a cabo con países como, por ejemplo, Rusia.
La conclusión es inequívoca: es necesario echar un vistazo más de cerca a los beneficios ocultos de este país.
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De todos modos, existen otras opciones de planificación fiscal y otros países en donde se pueden establecer estructuras con el fin de proteger y aumentar su patrimonio. Es conveniente consultar con un profesional ya que la opción adecuada dependerá de las condiciones específicas de su tipo de negocio y de las particularidades de su caso. Haga clic aquí para solicitar una consulta con un especialista de Mundo Offshore.